jueves, 14 de diciembre de 2017

¿Capitalismo o comunismo?...La fortuna

El título que elegí para este artículo puede llamar la atención y parecer intrincado y sin sentido, pero no, al finalizar su lectura lo entenderán, siempre y cuando tengan interés en definitivamente saber que sistema económico es mejor: ¿el capitalismo o el comunismo? ¿Adam Smith o Karl Marx? ¿USA o URSS? ¿Trump o Putín? (?)....me fui por las ramas.

La discusión entre ambas teorías económicas es harta arcaica. Por años el mundo planteó la grieta entre ellas y la gente debió tomar posición entre una u otra, a veces por convicción y otras tantas por miedo a las represalias.

El mundo del siglo 21 se plantea como uno donde el comunismo prácticamente ha dejado de existir. Sin embargo, paradójicamente, se registran varios casos de resurgimientos del Estado de Bienestar, que si bien lejos está de ser una forma de comunismo, tiene matices que podrían asimilarse a una economía centralmente planificada. Podemos mencionar varios casos de populismos en América Latina (Venezuela con el binomio Chávez-Maduro, Brasil con Lula-Dilma, Argentina con el matrimonio Kirchner, Uruguay con Pepe Mujica, etc), gobiernos socialistas en países del norte de Europa y Francia, y hasta el propio Donald Trump adoptando políticas proteccionistas que son más propias de un Estado cerrado de bienestar que de una economía ultra capitalista y globalizada. Por lo tanto, si bien parece etérea, la discusión recobra una cierta vigencia.

Ahora bien, ¿podemos afirmar certeramente que un sistema sea mejor que el otro?. No se, lo que si podemos asegurar es que ninguno de ellos es perfecto, ni está cerca de serlo, pero vamos por partes.

Lo primero que el lector debe asumir, por más dolor que genere, es que los recursos económicos son limitados. He tenido varias discusiones con distintas personas por este tema y francamente considero bastante absurdo negarlo. El planeta no genera recursos suficientes para mantener a toda su población, así de sencillo. Entonces, el problema que encara cualquier sistema económico no es sólo el de producir sino el de redistribuir recursos, y la cuestión es cuál es la mejor manera de hacerlo.

Por un lado, el capitalismo ofrece libertad de mercado y la actuación de la "mano invisible" de Adam Smith, David Ricardo y muchos otros libertarios del siglo 19. Supone que el mercado regulará la generación y distribución de recursos de manera eficiente.
Por el otro, el comunismo entiende que esa "mano invisible" no existe y que es el Estado el que debe intervenir para determinar que recursos utilizar, para que, cómo y a quién asignarlos. En definitiva en el comunismo es el Estado quien dispone que producir, cómo y a quién entregar los productos.

Introducidos los postulados de ambos esquemas, lo segundo que tenemos que tener presente es que el ser humano es un ser racional y, especialmente, un maximizador natural de utilidades, por lo que siempre tomará sus decisiones buscando optimizar sus beneficios. Tal vez puede sonar frívolo, pero es una realidad que el Hombre siempre intentará, de forma voluntaria o involuntaria, ganar más en todas las situaciones donde le toque intervenir. Cuándo uso el verbo "ganar" no quiero limitarlo solamente a lo "material", al "dinero", sino a cualquier cosa que le genere satisfacción a esa persona, inclusive una cuestión sentimental. Aquí subyace lo tercero que debe tener en cuenta el lector: el ser humano es naturalmente "egoísta" porque siempre tenderá a tomar decisiones que maximicen sus utilidades.

En este punto debo hacer una salvedad: el egoísmo al que me refiero no actúa como un opuesto de solidario. Es decir, una persona puede ser económicamente "egoísta" y aún así ser solidaria con el prójimo y hacer beneficencia en ciertas situaciones (ya sea con dinero, otros bienes materiales u ofreciendo ayuda a modo de servicios). Esto es así porque el egoísmo económico que deriva de la afirmación de que el hombre es un ser racional y maximizador de utilidades funciona en otro plano, mucho más inconsciente que consciente, y desde ya no tiene una connotación negativa, es algo que "es", sencillamente.

Entonces, ya sabiendo que le ser humano es racional, maximizador de utilidades y egoísta por naturaleza resta considerar su actuación en ambos sistemas económicos puestos bajo la lupa. Fácilmente nos daremos cuenta de que uno u otro fallarán indefectiblemente.

Por un lado, pensemos al Hombre en el capitalismo, donde la libertad de mercado le permite hacer negocios "sin restricciones". Evidentemente este sistema es el que mejor permite el desarrollo de aquéllas características que mencionamos repetidamente en el artículo, con lo cual al final del camino el más fuerte, o el dotado de mejores condiciones, será el que acumule mayores y mejores recursos. Es más, ni siquiera será necesario ser más fuerte o más inteligente para "triunfar", bastará con tener más suerte que los otros. Es insoslayable que la fortuna juega un papel fundamental en la vida, sin ir más lejos si pensamos que es sumamente determinante el lugar y tiempo donde una persona nace para su devenir.

Por el otro, si vemos las cosas desde el comunismo, el Hombre participará como un elemento más de un todo que es el Estado. El rol que tenga el ser humano en dicho esquema vendrá determinado, una vez más, por la fortuna que tenga de pertenecer o no a la clase dirigente o acomodada de la sociedad. Es decir, el sistema en si no ofrece mejores condiciones que el capitalismo porque los recursos que reparte el Estado son, como ya dijimos, limitados, por lo tanto ellos de forma alguna alcanzarán para que todos los ciudadanos vivan dignamente. Los postulados comunistas proponen la eliminación de las clases sociales repartiendo los recursos de forma equitativa, pero ello no asegura que todas las personas puedan vivir bien, de hecho es todo lo contrario, como los recursos son escasos la gente en los países que adoptaron sistemas de planificación centralizada ha tenido que vivir en estados de pobreza y desabastecimiento. Claro que no es así para todos, ya que nuevamente tendrán una mejor vida los que hayan tenido la suerte de nacer en el seno de familias acomodadas en el poder.

Es decir, el corolario que puede extraerse de estas líneas es que ningún sistema económico genera condiciones de vida perfectas ni está cerca de hacerlo. Ambos dejan a personas desamparadas y en ambos hay grupos de personas beneficiadas por el simple hecho de "pertenecer". No es uno u otro sistema, es simplemente la fortuna la que determina si una persona vivirá bien o mal, si tendrá recursos o carecerá de ellos. Ninguno de los sistemas aseguran nada, lo único seguro es que son imperfectos. Si se quiere ponderar algo de uno de ellos podríamos decir que tal vez el capitalismo es, al menos, más honesto, porque reconoce las diferencias estructurales y crea un campo de batalla donde las personas luchan por los recursos. El comunismo es una mentira absoluta, una utopía tan irrealizable, y pido perdón por la burda redundancia, que ni siquiera debiera considerarselo como un sistema económico posible.

Los sistemas intermedios, aquéllos que proponen un capitalismo atenuado por la participación del Estado en ciertos aspectos de la economía, tienen buenas intenciones, porque continúan con el sinceramiento capitalista de "el más fuerte gana" pero aportan dosis de asistencialismo a esos que menos fortuna han tenido. Sin embargo, una vez más vemos a estos sistemas fallar cuando pensamos que la administración de ese asistencialismo depende de personas que son naturalmente racionales y maximizadoras de sus propias utilidades.

En definitiva, los sistemas económicos son altamente imperfectos, bregar por uno o por otro se transforma meramente en una cuestión de fe. No existe fundamento técnico para sostenerlos.

Antes de finalizar, quisiera desentrañar la duda que podría surgir en la cabeza de varios lectores: si los sistemas económicos son imperfectos, ¿por qué hay países donde las cosas "funcionan"?. Los países donde la gran parte de la población vive en condiciones dignas, donde la clase media es hiper mayoritaria, son países que tienen algunas o varias de las siguientes características:
  • Chicos en extensión territorial y por ende fáciles de administrar
  • Con una población reducida y altamente calificada
  • Antiguos y que han pasado por varias "tragedias" que llevaron a su población a evolucionar y adquirir un sentido de grupo, arraigando así el concepto de bien común.
  • Extremadamente ricos, con recursos naturales y financieros lo suficientemente cuantiosos como para administrar inclusive en condiciones difíciles.
Lamentablemente la definición no es lineal, aún contando con alguna de estas características un país no será automáticamente desarrollado, pero tendrá al menos las condiciones básicas para en algún momento lograrlo, sin dudas.

martes, 12 de diciembre de 2017

Delincuencia, pobreza y economía

La delincuencia, como cualquier otra circunstancia que uno afronta en la vida, tiene enteramente ribetes económicos. La decisión de cometer un acto ilícito o no hacerlo es puramente económica, por más que cueste así pensarlo. Les voy a explicar porque.

Delinquir implica, obviamente, costos y beneficios. Los beneficios son evidentes: obtener dinero (siempre que asociemos la acción de delinquir con robar, hurtar o cualquier otro delito que atente contra la propiedad como también podría ser una estafa). ¿Y los costos? Bueno, el costo esencial de cometer un delito es la sanción posible establecida en la ley (prisión, multa, etc).

Lo interesante de este planteo es que el costo de delinquir podría ser fácilmente desglosado en tres componentes, los que podríamos titular: propensión a la captura (C), monto de la pena (P) y costos de ejecución (E). Expliquemos cada uno para poder entenderlos.

Propensión a la captura se referiría a la posibilidad de ser atrapado por las autoridades luego de haberse cometido el ilícito. Monto de la pena es ni más ni menos que la cantidad de años que el delincuente debería pasar en prisión o la cuantía de la multa que debiera pagar en caso de que la sanción fuese de este tipo. Finalmente, los costos de ejecución son sencillamente aquéllos en los cuales el actor debe incurrir para lograr su cometido -ej: compra de herramientas para forzar una puerta-, sumando además los costos de no realizar con dichos recursos actividades alternativas (COSTO DE OPORTUNIDAD)

De esta forma, fácilmente podemos crear una fórmula donde el costo total (CT) sea la resultante de multiplicar sus componentes.

C x P x E = CT

Lo que esta simple ecuación nos demuestra es que el aumento de cualquiera de los componentes recién descritos eleva proporcionalmente el costo total de cometer un delito. Entonces, para el delincuente valdrá la pena cometer el delito si el costo total (CT) es menor a los beneficios que calcula obtener (B).

CT < B

La conclusión a la que nos hace arribar este sencillo planteo es que para una persona será provechoso delinquir si gana más de lo que pierde, por lo cual el Estado tiene la posibilidad de manipular esas componentes -C, P, y en menor medida E- para lograr un aumento de CT que incentive negativamente a aquélla a cometer el acto ilícito (CT > =B).

¿Cómo se lograría esto? Bueno, por ejemplo un aumento en la cantidad de personal policial patrullando automáticamente subiría los porcentajes de captura de criminales, elevando C. O un aumento de las penas previstas en las normas subiría evidentemente P. Cómo indiqué, más difícil es la manipulación de E porque tendría que ver con costos de insumos y servicios que no sólo son utilizados con fines delictivos.

Hasta acá es todo bastante claro. Ahora bien, ¿cómo vinculamos esto con la pobreza? La respuesta también surge clara: por los incentivos. Acá entra en juego un término clave en economía, como es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que uno pierde al utilizar los recursos en determinada actividad y no hacerlo en otra. Por ejemplo, si yo voy al kiosko y compro un alfajor con $10 estoy perdiendo la posibilidad de con esos mismos $10 hipotéticamente comprar una medialuna en una panadería. En el ejemplo el costo de oportunidad es la medialuna, por lo que se interpreta que para mi tiene mayor valor de uso el alfajor que aquélla.

Habiendo sido introducido este concepto, volvamos al problema de la pobreza. Una persona con pocos recursos económicos tendrá costos de oportunidad muy bajos. Un hecho ilícito le generará muchos más beneficios que cualquier otra actividad que desarrolle, por lo tanto siempre tendrá un incentivo mucho mayor a cometerlo que una persona que vastos recursos económicos. Para esta última, el costo de oportunidad de delinquir es altísimo, porque sus recursos rendirán mejor en actividades alternativas y así maximizará sus utilidades.

En definitiva, una persona de clase baja tiene mayores incentivos a delinquir que una de clase alta, esto siempre y cuando el CT sea el mismo para ambas personas. Hago la aclaración porque en muchos países -especialmente corruptos y desiguales-, personas de clase baja tienen una propensión a ser capturadas delinquiendo mucho más alta que aquéllas de clase elevada, con lo que el CT evidentemente no será el mismo para ellas. Sin embargo, a pesar de ello, dado que dicha propensión sigue siendo exageradamente baja, CT < B, y por ende el incentivo a delinquir permanece intacto.
Asimismo, y como ya se indicó arriba, el costo de oportunidad de una persona de clase pudiente es tan alto que no le conviene cometer un delito: sus recursos generarán más ganancias en actividades lícitas. Podría decirse, para simplificar, que una persona "rica" tiene mucho más que perder que una "pobre".

Se ve a todas luces que la pobreza genera incentivos para cometer delitos, los que podrían ser alterados por el Estado para que ello no ocurriera. Obviamente que también deberían ser adoptadas medidas para evitar que esas personas se encuentren en situación de pobreza, o mejor aún, evaluar si es menos costoso tratar al delito ex post o ex ante, es decir, si el Estado gasta más recursos bajando los niveles de pobreza -y reduciendo por lógica los niveles de delincuencia- (estrategia ex ante) o lo hace penando a los delincuentes a través del sistema judicial y carcelario (estrategia ex post). Me arriesgo a opinar que las estrategias de prevención de delitos son mucho más baratas que las de penalización del mismo, y que Estados en vías de desarrollo simplemente utilizan la pobreza y la delincuencia para fines espurios.

martes, 31 de octubre de 2017

La ineficiencia económica del actual sistema de salud argentino

El sistema de salud que al día de hoy ofrece nuestro país es ineficiente a nivel económico. Si bien suena frívolo analizar númericamente un sistema que tiene la finalidad de salvar vidas, eso no puede hacernos perder de vista que todas las decisiones de la vida tienen implicancias económicas. Si el sistema de salud fuese eficiente, podrían salvarse aún más vidas, y el Estado evitaría tanto derroche de dinero.

¿Qué significa que sea ineficiente? Sencillamente que se gastan recursos de más, recursos que podrían ser realocados para otros usos.

¿Por qué ocurre esta ineficiencia? Porque el sistema está mal diseñado. Se intentó asegurar un servicio de salud para todos y lo único que se logró es que los que más tienen puedan acceder a mejores condiciones de atención y que los que menos tienen deban "conformarse" con el hospital público. En este punto quiero hacer una salvedad, ya que de ninguna manera pienso que el hospital público no ofrezca un servicio médico de calidad, ya que los profesionales son de primer nivel, pero es insoslayable que los hospitales no tienen los equipamientos tecnológicos y, de cantidad de profesionales y asistentes, que si tienen las clínicas privadas.

Veamos un poco de que se trata. Empecemos por entender como está estructurado el sistema de salud nacional.
A grandes rasgos tenemos dos subsistemas: el público y el privado. El público se supone que es para todos, cualquier ciudadano puede acceder al mismo. El privado está reservado al que pueda pagarlo.
Ahora bien, dentro del subsistema privado, tenemos a las entidades que ofician de "aseguradoras de salud", es decir, a las obras sociales y a las medicinas prepagas. En rigor de verdad ambas son lo mismo, ya que ambas actúan como una compañía de seguros que reciben un pago anticipado del cliente para que luego, en caso de necesitarlo, este último acceda a ciertos servicios. La diferencia sustancial entre unas y otras es que las primeras se financian con dinero proveniente del sistema de seguridad social (derivación de aportes laborales) y las segundas son pagadas integramente por el cliente.

En junio del 2000, mediante el Decreto 446/2000, se desreguló parcialmente el sistema de salud privado. Digo que se desreguló parcialmente porque fue hecho a medias, ya que según dicho decreto las personas pueden optar por la obra social de su gusto -derivando sus aportes laborales- pero siempre que la entidad de la que quiere salir y a la que quiere entrar se encuentren inscriptas en el sistema desregulado. Así, el art. 1 inc. b) del mencionado decreto indica que: "A partir del 1º de enero de 2001, los beneficiarios del Sistema creado por las Leyes Nros. 23.660 y 23.661 podrán ejercer el derecho de opción consagrado en las normas citadas en el Visto, entre las siguientes entidades:...b) Cualquiera de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema de la Ley Nº 23.661 y su modificatoria.".

Como puede verse, la intención del decreto 446/2000 fue interesante, ya que intentó abrir el mercado del servicio de salud privado, dándole la posibilidad a las personas de elegir la entidad aseguradora que mejor servicios prestase. Obviamente, al dejar libre la opción de cambio, las entidades de salud se ven forzadas a competir por los clientes, debiendo hacerlo especialmente con la relación precio / calidad de los servicios. Sin embargo, como señalé, la desregulación fue incompleta, porque permitió que algunas entidades, a su libre arbitrio, se excluyeran del sistema desregulado. Estas entidades, obrando de esta manera, evitan perder afiliados, o mejor dicho, los mantienen cautivos, presos. Es decir, estos afiliados cautivos tienen que conformarse con el servicio que les preste su obra social, sea este bueno o malo.

El sistema así diseñado se queda a mitad de camino, porque si bien su intención fue buena, no termina de generar un verdadero mercado competitivo donde las aseguradoras de salud deban prestar mejores servicios a sus afiliados, ya que les basta con no adherirse al sistema para mantener un ingreso fijo de aportes -el de todos los empleados de la rama de actividad que se vea alcanzada por esa obra social-. Evidentemente las obras sociales que hacen esto son las sindicales y las estatales, ya que no quieren bajo ningún punto de vista perder afiliados, situación que inexorablemente ocurriría si el mercado se abriese dado los pésimos servicios que brindan.

Entonces, el Estado está en deuda con el pueblo en este punto. Desde mi punto de vista ello ocurre en dos aspectos primordiales. Primero, que el servicio público de salud -que debería estar destinado exclusivamente a personas sin recursos- tiene muchas carencias por falta de presupuesto. Y segundo, que las personas que pueden aportar dinero al servicio de salud, lo terminan haciendo a entidades que ofrecen servicios deficientes, ello avalado y protegido por el sistema.
Lo ideal sería que el Estado encarase una reforma en este aspecto, abriendo el abanico de aseguradoras de salud a todos los ciudadanos, generando un mercado que sea lo más competitivo posible, invitando a las entidades a ofrecer mejores servicios y dándole a las personas la posibilidad de elegir aquélla que más la satisfaga en la relación costo / beneficio. Generando un sistema de este tipo, habrán entidades de salud que ofrecerán servicios de menor cuantía a un menor costo, y otras que ofrecerán servicios mejores, y tal vez de lujo, a un costo mayor. Los recursos de las personas irán exclusivamente destinados a la entidad de salud que mejor los utilice, lo que evidentemente redundará en la eficiencia del sistema.
Al mismo tiempo, solucionando estos problemas de alocación de recursos en el subsistema de salud privado, el subsistema público quedará exclusivamente destinado a las personas que realmente no tengan recursos para pagarse un seguro de salud, con lo que reduciéndose la demanda, mejorará la oferta por parte del Estado, el que podrá destinar sus recursos de forma más eficiente mejorando la calidad del servicio.

En conclusión, entiendo que es hora de que el Estado encare una reforma intensa en el sistema de salud, que permita lograr una gestión mucho más eficiente de los recursos destinados al mismo.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Desmitificando: "Si hay menores no podes desalojar un inmueble usurpado"

Quién no ha escuchado la frase del título alguna vez en su vida, ¿no? Vaya a saber porque motivo la creencia popular es que si un inmueble es usurpado, basta con que metan a menores dentro del mismo para que la justicia no pueda hacer nada. ¿Esto verdaderamente es así?

Empecemos diciendo que en los casos de usurpación de viviendas, generalmente desocupadas, existe un grave problema ya que colisionan varios derechos. Por un lado tenemos el lógico derecho del propietario a que se le respete la propiedad privada (consagrado en el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional), y por el otro el derecho a una vivienda digna (art. 14 bis CN) y, si hay menores de por medio, el interés superior del niño (previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por ley 23.849, y que cuenta con jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 CN).

De esta forma, como se ve, la cuestión es complicada porque se encuentran en pugna varios derechos relevantes contrapuestos. Cuando esto ocurre, la justicia es la que debe expedirse respecto de que derecho debe prevalecer. Bueno bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha hecho el 01/08/2013 en el fallo conocido como "Escobar"[1].

Antes de adentrarnos en la solución del caso, detallemos los hechos, los que son replicables en innumerables situaciones que se dan día a día en nuestra ciudad.

Una persona, copropietaria de un inmueble, formula denuncia policial respecto de su usurpación por varias familias. Justificó su carácter de copropietaria, y por ende su derecho sobre el inmueble, mientras que los ocupantes intentaron fundar la ocupación en contratos de alquiler falsos.
Ahora bien, en virtud de lo ocurrido, y resumiendo un poco los sucesos, un juez ordenó la restitución provisoria del inmueble (medida prevista en el art. 335 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) a su legítimo titular -la denunciante-. Es menester explicar que dicha medida es, como tal, una medida cautelar, es decir, es adoptada en el transcurso del proceso para asegurar un derecho que se encuentra en peligro, por lo que nada tiene que ver con el fondo del caso -que en definitiva sería juzgar si las personas que ocuparon el inmueble lo estaban usurpando o no-. De esta forma, se puede restituir el inmueble a su legítimo propietario y luego, al dictarse sentencia, pueden ser absueltos los presuntos usurpadores. Con esto quiero explicar que no es necesario que un "usurpador" sea condenado para que un inmueble sea devuelto a su propietario. Imaginemos lo tedioso que sería tener que esperar todo el proceso para que un propietario pueda recuperar el inmueble que le pertenece.

Continuando con el fallo citado, y en orden a la medida cautelar de restitución provisoria dictada previamente, la Corte termina diciendo que "Teniendo en cuenta que si existiera alguna afectación al derecho a la vivienda de los niños, ésta sería anterior al desalojo que se pretende resistir y no consecuencia de él, y de acuerdo a lo establecido en el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, con relación al nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de aquél, corresponde disponer que los jueces de la causa iniciada por el delito de usurpación pongan en conocimiento de las autoridades competentes la situación de las niñas/os y/o adolescentes que pudieran verse afectados en autos, a los fines del pertinente resguardo de sus derechos de rango constitucional."

Entonces, lo que el máximo tribunal federal quiso dejar en claro son dos cosas. Primero que el derecho a la vivienda, ya sea de los niños como de los mayores que hubieren ocupado el inmueble, se vio vulnerado con anterioridad a dicha ocupación, por lo cual el desalojo no es el que provocaría esa vulneración. Y segundo, que es el Estado el que debe velar por la protección de ese derecho, no un particular. En efecto, para refrendar esto último, la Corte explicó que "...los niños no podrían repeler la acción de desalojo alegando la titularidad de un derecho a la vivienda adecuada, pues eso sería, por así decir, colocar en cabeza del propietario individual la obligación de satisfacer ese derecho a costa del suyo propio.".

En definitiva, la Corte fija el criterio de que el derecho a la vivienda no puede ser resguardado a costa de afectar el derecho a la propiedad privada, principalmente porque aquel no se ha visto vulnerado por este último, sino que tiene su génesis con anterioridad. Es por este motivo que pone en cabeza del Estado la responsabilidad de velar por el primero.

Como puede verse, queda bastante claro que el mito popular de que "Si hay menores no podes desalojar un inmueble usurpado" es erróneo. La Corte refrenda la protección de la propiedad privada y no hay razón para no hacerlo. Como opinión personal me gustaría agregar que estoy de acuerdo con la solución a la que arriban los magistrados, ello porque entiendo que no puede cargar una persona -titular de un derecho de propiedad- con una responsabilidad que no le atañe. Si bien es duro enfrentar ambos derechos, especialmente porque lastima mucho ver a personas en situación de calle, ello no puede llevarnos a violar otros derechos. El Estado es el responsable de velar por las personas que no pueden satisfacer su derecho a una vivienda digna, el cual como dijimos tiene raigambre constitucional, y por lo tanto es el que tiene que arbitrar los mecanismos para hacerlo respetar. A veces es difícil conjurar para que deben ser utilizados los impuestos y recursos estatales, pero no puedo encontrar fin más necesario que ese. Debería ser un objetivo primordial y esencial del Estado asegurar que ningún habitante duerma en la calle, principalmente porque una persona que vive en esas condiciones se encuentra absolutamente al margen de la sociedad, siendo incapaz de reinsertarse. Hay que tener presente que una persona que no tiene un techo no sólo sufre por dicha circunstancia sino porque se encuentra prácticamente imposibilitada de generar su propio sustento, estando por lo tanto en un círculo vicioso. Es el Estado quien debe romper ese círculo para que toda persona en dicha situación pueda ser parte útil de la sociedad y llevar una vida digna.

[1] CSJN, "Escobar, Silvina y otros s/infr. art. 181, inc. 1° CP", 01/08/2013.

jueves, 21 de septiembre de 2017

El beneficio social de una buena acción

En economía se analizan los costos y beneficios de las acciones. Como es bien sabido, todas las decisiones que uno toma en la vida generan tanto costos como beneficios, los cuales son ponderables y visualizables generalmente sin mayores problemas. Sin embargo, hay ciertos costos y beneficios que muchas veces no se analizan y son dejados de lado, son las llamadas externalidades.

Una externalidad es un efecto "no buscado" que una acción tiene sobre terceros, es decir, un efecto que el que ejecuta esa acción no pensó que generaría. Las externalidades pueden ser tanto positivas (beneficios) como negativas (costos).

El ejemplo clásico de una externalidad como costo es el de una fábrica que produce X bien y en el proceso genera contaminación ambiental. Esa contaminación es un costo que sufren terceros -la sociedad en su conjunto y especialmente los vecinos de la fábrica- y que en general no es tenido en cuenta por el empresario.

Ahora bien, entendido el concepto de externalidad, quiero mostrarles también que puede entendérsela como un beneficio, y que este entendimiento es muy importante para el desarrollo de nuestra vida cotidiana.

Un poco recordando a la película "Cadena de favores", hoy se me ocurrió vincular el concepto de externalidad con un suceso del que tuve oportunidad de participar y que es muy común que acontezca hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Veamos.
Una persona sube a un colectivo y se olvida que no llevaba consigo la tarjeta SUBE -o bien ella se encontraba sin saldo-, entonces se encuentra obligada a bajarse del mismo o pedirle a otro pasajero que le ceda su tarjeta para pagar el viaje. En dichas circunstancias, el valor que para ese pasajero tiene poder continuar el viaje excede el costo efectivo del boleto pagado, es decir, supongamos que su viaje cuesta $6,50, ¿es ese el valor de uso que la persona le asigna en dicha circunstancia? En efecto no, y se puede ver fácilmente cuando se da una situación de este tipo, donde el pasajero sin SUBE ofrece al tercero que le cedió amablemente su tarjeta un monto dinerario mayor para cubrir el costo y ofrecer una suerte de retribución por el "favor". Es decir, el valor de uso que tiene ese pasaje para esa persona es superior a $6,50. Este ejemplo es muy similar al clásico del agua y los diamantes en el desierto, donde una persona perdida estará gustosa de cambiar un diamante por una botella de agua. Como vemos, el pago de $6,50 efectuado por el tercero genera mayor valor que el dinero gastado.



Asimismo, y este es el punto al cual quiero dirigirme, ese acto -el pago realizado por el tercero de forma desinteresada- genera una externalidad positiva, ya que transmite un mensaje de solidaridad hacia los otros pasajeros presentes en ese momento. Nadie está a salvo de olvidarse o perder su tarjeta SUBE en algún momento, y ver que la gente se comporta de esa manera genera un beneficio social que debe ser tenido en cuenta, porque predispone al resto de las personas a actuar de la misma manera en una situación hipotética futura.

Este es meramente un ejemplo de la externalidad positiva generada por una acción, pero ello puede replicarse en casi todo lo que hacemos a diario. Con esto quiero transmitir la importancia de actuar a conciencia, respetando y solidarizándose con el prójimo siempre, porque ello genera beneficios sociales a veces intangibles, pero que en definitiva nos ubicarán a todos en una mejor situación que la anterior. Un economista dirá que estas cosas generan una situación de eficiencia superior a la anterior.

lunes, 11 de septiembre de 2017

La eficiencia del sistema penal tradicional

El análisis económico de las penas alternativas en el campo del derecho penal necesariamente debe centrarse en un estudio del costo / beneficio que los distintos tipos de sanciones generan. En este marco, es imposible no partir desde una cuantificación del gasto en que incurre el Estado para mantener el sistema carcelario y de cuáles son los reales beneficios que el mismo genera.

Sin embargo, antes de adentrarnos profundamente en ello, corresponde recordar cuales son los distintos tipos de pena que nuestro código penal prevé. Sucintamente el artículo 5 dispone que: “Las penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.”. Así, si incluimos a las penas de reclusión y prisión dentro de una misma categoría, que podríamos llamar “encarcelamiento”, podemos observar que en realidad solamente se establecen dos tipos de sanciones que excluyen al encarcelamiento como forma de cumplimiento: multa e inhabilitación.

Por su parte, la ley de ejecución penal de la Nación, en su artículo primero, establece los objetivos de las penas que implican la privación de la libertad. De esta forma, en su primer párrafo indica que: “La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto.”.

Es decir, la ley nos dice que una persona es encarcelada para lograr su posterior resocialización.  Ahora bien, si ese objetivo no se cumpliese el sistema carcelario perdería todo sentido.

En cuanto a la ejecución de la pena, el código penal prevé que ella pueda ser dejada en suspenso (conforme art. 26 y ss.), mientras que para los casos en que sea de cumplimiento efectivo, la ley 24.660 dispone que ella podrá serlo en los siguientes modos: Salidas transitorias, Régimen de semilibertad, Libertad condicional, Prisión domiciliaria, Prisión discontinua o semidetención, Libertad asistida y Régimen preparatorio para su liberación.

Ahora sí, adentrándonos en los fríos números, es necesario previamente hacer una salvedad. Dado que cada jurisdicción tiene su propio sistema carcelario y, por ende, su presupuesto para sustentarlo, me avocaré solamente a tratar lo relativo al Sistema Penitenciario Federal y, consecuentemente, a analizarlo desde los números arrojados por el Presupuesto Nacional.

En este marco, conforme se establece en el último presupuesto, del año 2017, el dinero destinado para el mantenimiento del Sistema Penal es $ 11.682.283.094[1], encontrándose al presente alojados en el Sistema Penitenciario Federal un total de 11.233 reclusos [2].Con una cuenta sencilla, aunque poco metodológica, podríamos determinar que el Estado Nacional asigna $ 1.039.996 por cada persona que se encuentra alojada en el sistema carcelario, una suma para nada despreciable.

Lo interesante también es ver que de la totalidad de los recluidos, sólo 4.663 se encuentran efectivamente condenados, siendo los restantes meramente procesados[3]. Entonces, viendo esto podríamos preguntarnos: El gasto que el Estado Nacional realiza para mantener el sistema carcelario, ¿es eficiente? ¿Se cumple con la finalidad prevista en el art. 1 de la ley 24.660 si más de la mitad de los recluidos ni siquiera están condenados? ¿De qué necesitaría resocializarse una persona no condenada?

Estas preguntas hacen que uno dude acerca de la verdadera eficacia del sistema carcelario y piense en la instrumentación de penas alternativas que logren con mayor eficiencia esos objetivos antes enumerados, primero porque insumirían, razonablemente, menos costos, y segundo porque provocarían más beneficios al sometido al proceso penal y a la sociedad en general.

Así, en el contexto reseñado, es útil recordar lo sostenido por el Dr. Ricardo Rojas respecto a que “…desde un análisis puramente económico, se han realizado numerosas investigaciones ten-dientes a mostrar las importantes erogaciones patrimoniales que, para los contribuyentes, significa mantener el sistema carcelario, y que además de padecer las consecuencias del crimen, las personas deben pagar más impuestos para solventar el alojamiento en las prisiones. Económicamente, el problema de las prisiones es insoluble, pues salvo en aquellos casos en que los reclusos voluntariamente aceptan trabajar en alguna actividad que genere recursos para mantener sus gastos, es prácticamente imposible que una cárcel se autofinancie.[4].

Y es que efectivamente, el sistema penitenciario es financiado por la ciudadanía a través de impuestos. Asimismo, no sólo la población en general ve menguados sus recursos en pos de mantener la estructura carcelaria sino que además las víctimas de hechos delictivos rara vez se ven compensadas por los daños sufridos. Recordemos que el art. 1 de la ley 24.660 no establece que uno de los objetivos de la pena privativa de libertad sea la recomposición de la situación a su estado anterior, es decir, la indemnización a la víctima. Para esto último desde todo punto de vista sería de mayor utilidad una pena alternativa.

Entonces, en este punto es también útil tener presente que “Se pueden distinguir dos situaciones en las cuales los jueces aplican sanciones o medidas en sustitución de la prisión: cuando se suspende la causa, sometiendo al procesado a prueba con una serie de condiciones, cumplidas las cuales se elimina el proceso; o como pena alternativa en sí misma, impuesta una vez que se declaró la responsabilidad criminal por un hecho determinado. En el primer caso, la finalidad de este instituto es evitar el juicio propiamente dicho, como un modo de descongestionar a los tribunales de casos de poca importancia y también para evitar la estigmatización que importa la aplicación de una condena, en los casos de personas sin antecedentes penales que cometen hechos de escasa peligrosidad. En el segundo supuesto, el objeto de las penas alternativas es evitar las consecuencias nocivas de la prisión.[5].

Como puede verse, la utilidad de las penas alternativas es palmaria, porque ya sean aplicadas en modo de “probation”, es decir, previamente a que el encausado sea condenado o absuelto, o como condena en lugar de la reclusión en un establecimiento carcelario, ellas indefectiblemente le generarán al Estado un menor costo.

En el primer caso, es decir cuando se las aplica como probation, existe un evidente ahorro en proceso judicial y, lógicamente, en ejecución de la pena. En el segundo, el Estado se evita el costo de tener que mantener a una persona privada de su libertad.

Por otra parte, por el lado de los beneficios directos, ellos son también bastante visibles.

Primero y principal, una persona que no es encarcelada tiene la posibilidad de seguir desarrollando una actividad útil para la sociedad, ya sea realizado tareas comunitarias –si ello fuese impuesto como pena o como condición de la misma- e incluso trabajando en una actividad privada, ya que su trabajo le agregaría valor al producto o servicio de la rama donde se desempeñe. Así, generaría su propio sustento y no dependería del Estado para mantenerse, sin olvidarse tampoco que podría seguir manteniendo económicamente a su grupo familiar y que no perdería vínculo con el mismo.

Por otro lado, una eventual pena alternativa podría vincularse mejor con el objetivo de resarcir a la víctima y, de esa forma, reparar verdaderamente el daño ocasionado.

Téngase presente que rara vez un delito genera un daño que pueda tener repercusiones sociales masivas, sino que en la gran mayoría de los casos el o los damnificados son claramente identificables. Así, teniendo esto en mente, sería mucho más provechoso para las víctimas que el responsable repare verdaderamente el daño ocasionado. Que una persona pase X cantidad de años privado de su libertad en nada reparará el daño que haya ocasionado a las víctimas con el hecho delictivo. En este marco sería sumamente interesante contar con un sistema de resolución de conflictos penales que contemple a la víctima como parte esencial del proceso y que tenga en cuenta sus opiniones, evitando que sea un mero espectador, como lo es actualmente en todas las jurisdicciones de nuestro país.

De esta forma, el Dr. Rojas sostiene acertadamente que “El sistema penal navega en la disyuntiva entre imponer una sanción casi sin significación para el procesado en la mayoría de los casos (probation o condenas en suspenso), o imponer una pena muchas veces desproporcionada (prisión). La restitución es una opción que podría operar como un puente entre estos dos extremos.[6].

Entonces, el sistema penal debería contemplar la posibilidad de soluciones alternativas. Un delito, si bien su gravedad puede resultar palmaria, no deja de ser un tipo de conflicto social, y en ese marco la mejor solución es la que busca la eliminación del mismo. Dicho esto, es válido preguntarse como el encarcelamiento resuelve este problema, y en ese marco también preguntarse, nuevamente, si los costos asumidos por el Estado para el mantenimiento de ese sistema carcelario sirven para algo.

El Estado asume que la acción penal le pertenece o, al menos, que él es el representante de la sociedad en su conjunto, y que por lo tanto siendo esta damnificada por un hecho delictivo, es el que debe impulsarla a través del Ministerio Público Fiscal en representación de aquélla. Sin embargo, esto es cuestionable por los argumentos ya esgrimidos.

En definitiva, el sistema carcelario deja muchas dudas y demuestra claramente sus falencias, principalmente su poca eficiencia para cumplir con sus objetivos, lo que se vislumbra si se analizan las estadísticas de reincidencia de la población carcelaria. Del total de condenados del año 2013, tanto sumando los sistemas penitenciarios provinciales como el nacional y federal, cuya suma es de 4233 personas, 927 fueron reincidentes[7]. De esta forma, el 21,89% de los condenados de ese año fueron reincidentes, una cifra sumamente alta. Dicho porcentaje se replica en casi todos los años, variando en pocos puntos porcentuales.

Evidentemente, con una tasa tan alta de reincidencia el sistema carcelario está fallando en lograr su finalidad, que es la de resocializar al encarcelado incorporándolo nuevamente a la sociedad, con lo que un análisis costo / beneficio sencillo demuestra que el gasto asumido por el Estado es ineficiente.

Conclusión

Puede decirse que la falta de eficiencia del sistema penal, sumado a los evidentes beneficios para las víctimas de permitir la recomposición de la situación dañada, llevan a pensar que es necesaria una reforma urgente de nuestro código penal que habilite nuevos medios alternativos de resolución de conflictos penales –es decir penas alternativas-. Obviamente que no puede soslayarse la magnitud de cada delito, por lo cual habría que hacer una necesaria diferencia dependiendo de su gravedad y posibilidad de reparación del daño, pero no quedan dudas de que un sistema alternativo proveería de mayores beneficios a la sociedad en su conjunto.

Asimismo, una pena consistente en la reparación de los daños –especialmente de forma económica- implicaría un incentivo negativo para el actor de un hecho delictivo de no repetir su conducta a futuro, por lo cual funcionaría como una forma de modificar el comportamiento ex ante y así prevenir el delito.


[1] http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2017/ley/pdf/anexo_estadistico/cuadros_comparativos/cap1cu02.pdf
[2] http://www.spf.gob.ar/www/estadisticas-indicadores-mapa/catcms/91/Mapa-Indicadores
[3] http://www.spf.gob.ar/www/estadisticas_post/catcms/84/Situacion-legal-genero-y-grupo-etario
[4] “Las contradicciones del derecho penal”, por Ricardo Manuel Rojas, Ed. Ad-Hoc, año 2000, capítulo X: LAS CRÍTICAS A LA PRISIÓN COMO MEDIO RAZONA-BLE DE RETRIBUCIÓN, página 58.
[5] “Las contradicciones del derecho penal”, por Ricardo Manuel Rojas, Ed. Ad-Hoc, año 2000, capítulo X: LAS CRÍTICAS A LA PRISIÓN COMO MEDIO RAZONA-BLE DE RETRIBUCIÓN, páginas 58/59.
[6] “Las contradicciones del derecho penal”, por Ricardo Manuel Rojas, Ed. Ad-Hoc, año 2000, capítulo XI: LA RESTITUCIÓN COMO OBJETO DEL DERECHO PENAL, página 66.
[7] Informe estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación; página 35.;  http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Estad%C3%ADstica%20carcelaria%202014_1.pdf

martes, 5 de septiembre de 2017

¿Quién fue el último presidente "no peronista" en finalizar su mandato constitucional?

A riesgo de que me tilden de "gorila", "facho", "radicheta", y todos los motes que puedan caber, me surgió la pregunta con la que titulé esta columna. Me puse a pensar fríamente quien sería el último, ya que así a vuelo de pájaro recuerdo que De La Rua y Alfonsín no pudieron terminar sus mandatos.

Investigando un poco descubrí, con bastante sorpresa, que el último presidente "no peronista" que terminó su mandato debidamente fue Marcelo Torcuato de Alvear, allá lejos por el año 1928. Es decir que desde hace 89 años en nuestro país, sacando los largos períodos de dictaduras militares, ningún presidente que no haya tenido extracción peronista ha podido finalizar su mandato. Como mínimo esto tendría que hacernos pensar un poco.

¿Tan ineficientes son los opositores al peronismo? ¿Tan inútiles son? Es cierto que peronismo como tal recién tenemos a partir de la década de los 40', pero verificar este dato me hace pensar en los motivos por los cuales todos esos presidentes -Yrigoyen en 1930, Frondizi en 1962, Illia en 1966, Alfonsín en 1989 y De La Rúa en 2001- no pudieron concluir debidamente los mandatos para los que fueron elegidos por el pueblo. Repasemos un poco.

Hipolito Yrigoyen sucede a Marcelo T. de Alvear en 1928. Ambos pertenecientes a la UCR. Gana las elecciones por amplio margen. Durante su segundo mandato se produce el crack económico del 29', y desajuste financiero lleva a un golpe de Estado donde el 06/09/1930 es derrocado por José Félix Uriburu.

El 01/05/1958 Arturo Frondizi inicia su gobierno democrático. En un contexto bastante complejo -años post Perón- su gobierno se ve intervenido fuertemente por el poder militar, el cual logra nombrar a varios ministros. El 29/03/1962 es derrocado también por un golpe de Estado impulsado por el Ejercito.

Arturo Illia asume como presidente el 12/10/1963. Illia destinó el 23% del presupuesto nacional a la educación. Subió el PBI, bajó la desocupación y disminuyó la deuda externa. Pero, ¿qué ocurrió luego? Un nuevo golpe militar lo derrocó el 28/06/1966.

Raul Alfonsín fue el primer presidente democrático luego de tantos años de dictaduras. Asumió el 10/12/1983. Se encontró con un país en llamas, apretado por la vasta deuda externa contraída por los gobiernos militares anteriores, a lo que le siguió un contexto de crisis económica e inflación descontrolada. Todo ello provocó que renunciase el 08/07/1989, asumiendo en ese momento Carlos Menem, el que había sido electo en elecciones anticipadas 2 meses antes.

Finalmente, Fernando De la Rúa subió al poder el 10/12/1999, tras vencer ampliamente en las elecciones luego de un segundo mandato de Carlos Menem que dejó devastado el país con alta deuda externa y empresas públicas privatizadas, destruyendo los servicios ferroviarios y dándole un poder inusitado a los sindicatos. Su gobierno fue extremadamente inestable, ya que nunca pudo solucionar el problema de la convertibilidad instalada por el anterior presidente, y la falta de recursos para hacer frente al déficit en la balanza de pagos. El 20/12/2001 renunció a su cargo escapando en helicóptero desde la Casa Rosada en un clima de protesta social exacerbada.

Todo lo que siguió es conocido por casi todos. Lo descripto es muy breve y desde ya no explica acabadamente las razones que llevaron a cada presidente a no terminar sus mandatos, pero se vislumbra un denominador común: crisis heredadas de gobiernos pasados. Luego uno puede ponerse a discutir si estas personas eran o no capaces, situación difícil de dilucidar con el paso del tiempo, pero lo que no puede negarse es que no se dejó a ninguno terminar su mandato, habiendo sido todos elegidos por el voto popular.

¿Acaso es coincidencia que todos ellos vengan desde las antípodas del peronismo? Lo dudo muchísimo....si esto no les hace ruido, vayan a un concierto (?)


jueves, 2 de febrero de 2017

Tetazo: violar la ley no es sinónimo de revolución social

Estamos en días en los que un grupo de mujeres arbitrariamente decidió ir a una playa en Necochea y tomar sol sin la parte superior de la bikini, querían dorar sus pechos (?). Luego del revuelo y el escándalo en el lugar, protagonizado por no menos de 10 agentes distintos de la policía local, un juez, Mario Juliano, resolvió archivar las actuaciones por entender que lo que estaban haciendo esas mujeres no puede ser considerado como una contravención en los términos del art. 70 del DECRETO-LEY 8031/73 (Código contravencional de la Provincia de Buenos Aires).

Repasemos lo que indica ese artículo: "Será sancionado con multa entre el quince (15) y el cuarenta (40) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el que con acto, palabra, dibujo o inscripción torpe u obscena ofendiera la decencia pública. La pena se duplicará si el hecho fuera cometido en lugar donde se realizaren actos o espectáculos públicos o lo fuere contra personas del culto, ancianos, enfermos mentales, mujeres o niños.".

Uno de los argumentos del Juez para desechar la causa fue la vaguedad con la cual este artículo establece la figura contravencional, y francamente en dicho sentido coincido, es una norma bastante difusa y poco clara. Sin embargo, la intención de estas líneas no es la de discutir el actuar correcto o incorrecto del Magistrado, sino analizar un poco como se dio todo el hecho y porque la gente actúa como lo hace.

A todas luces este evento estuvo armado desde el principio. Claramente las mujeres tenían la intención de hacer "topless" para llamar la atención y generar revuelo mediático. Tal es así que en todo momento, cuando ellas mismas se filman en medio del conflicto, sacan a relucir el mismo argumento: "Nosotras no podemos estar en pechos y los hombres si.". Una rayana tontería. Aclaremos una cuestión, acá la cosa no pasa por si el hombre muestra sus tetillas y la mujer no puede hacerlo, acá es evidente la intención de la transgresión de la norma por la transgresión misma. Con el criterio de estas "chicas" entonces los hombres deberíamos usar una tanga y mostrar los gluteos, cosa que no hacemos. Pero, ¿por qué los hombres no mostramos los gluteos y las mujeres no muestran sus pechos?, fácil, es algo cultural. Podes estar o no de acuerdo, pero no se puede soslayar que en este país es costumbre actuar de esa manera, y la ley se arma en base a ello. ¿No te gusta la ley? Ajo y agua, la ley está para ser cumplida, y en todo caso si queres podes juntar firmas y presentar una propuesta de modificación en el congreso o la legislatura local de tu jurisdicción, pero lo que no podes hacer de ninguna manera es violarla porque "pintó".

Las normas existen para ordenarnos como sociedad, para lograr que podamos convivir teniendo certezas de los derechos y obligaciones que todos tenemos. Son parte del contrato social imaginario al que adherimos cuando decidimos vivir en una determinada sociedad. Yo no puedo transgredir la ley porque no es de mi agrado. Pensemos en el absurdo de que a cada uno le generara incomodidad una norma X, o Y, o Z. ¿Qué pasaría si todos pudiesemos violarlas? ¿Podríamos llevar adelante una vida en sociedad de esa manera? No, claramente no.

Como dije, pienso que en particular el art. 70 del Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires es cuanto menos dudoso en su contenido, pero eso no habilita a nadie a violarlo. En todo caso es el poder legislativo de la Provincia el que debe discutir la cuestión y modificarlo para aggiornarlo a los tiempos en los que vivimos. Y aclaro que mis dudas sobre aquél no se basan en una defensa al exhibicionismo ni nada por el estilo, sino simplemente a la poca calidad de redacción que tiene, siendo muy poco claro en la tipificación de la figura contravencional en cuestión. Basta con mirar el art. 129 del Código Penal, el cual establece el delito de "Exhibiciones obscenas," y comparar ambas normas:


ARTICULO 129 — Será reprimido con multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros.
Si los afectados fueren menores de dieciocho años la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá, con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de trece años. 
Aquí es clara la figura y no puede dudarse de cual es la acción típica que configura el delito.

Otra cuestión no menos relevante es que siempre el argentino olvida que sus derechos comienzan donde terminan los de sus pares, y es evidente que estas mujeres alborotadoras ni siquiera se pusieron a pensar que la playa estaba llena de chicos. Tal vez para un mayor ver una mina en tetas es algo normal y no le genere mayor asombro, tal vez hasta para un nene muy chiquito (menor a 3 años) el hecho tampoco le provoque nada raro por no tener conciencia de la situación, pero pensemos en los pibes de 10 a 15 años. ¿Cómo reaccionarían estos ante la situación de ver a un grupo de mujeres en tetas? ¿Les parecerá algo normal? No, desde ya que no, porque acá no estamos acostumbrados a ello. Una vez más, no tenemos la libertad de elegir que normas cumplir y cuales no. No existe justificación alguna para lo que estaban haciendo estas mujeres, todo ello a pesar de que en el caso particular la ley es obsoleta y debiera ser modificada.

Este caso es el claro ejemplo de la costumbre "contra legem". Intentar instalar por medio de la opinión pública un pensamiento para que se haga "costumbre" romper la norma. No es el camino, el camino es llevar la discusión al ámbito legislativo y lograr que se modifique la ley, no infringirla para luego modificarla.

Comentario aparte merece la paupérrima actuación de los agentes de policía. Mamarrachesco todo, desde su actitud hasta la forma en la cual se expresan. Se nota la escasa preparación educativa que tienen y la decadencia cultural en la que se encuentran inmersos. Que una oficial de una fuerza de seguridad del Estado le hable a un ciudadano y le diga "te pongo los ganchos" es una muestra clara de su nivel educativo, y lo que es peor, del nivel educativo de las fuerzas de seguridad en general. Hemos destrozado la credibilidad de las instituciones que supuestamente fueron creadas para cuidarnos, las hemos llevado a lo más bajo de lo más bajo. Nuestra historia, especialmente el flagelo de varias dictaduras, logró desprestigiarlas al punto de que los ciudadanos ya no confiamos más en ellas, y que el Estado decida dejar de invertir recursos para perfeccionarlas. Los sueldos de los agentes de seguridad son paupérrimos, y la preparación académica que se les brinda más escasa aún. Yo no puedo entender como pensamos que una persona con esa educación puede llegar a "cuidarnos". La situación que se vivió en esa playa, a pesar de la actitud intencional de las mujeres que estaban haciendo topless, podría haber sido manejada infinitamente mejor si esos oficiales de Policía hubiesen estado mejor preparados, si hubiesen tenido otros conocimientos académicos y, especialmente, si alguien les hubiese enseñado a comunicarse como corresponde.

Cada vez que veo este tipo de actuar de las fuerzas de seguridad me convenzo más y más que este país nunca va a salir adelante. Los argentinos somos una especie muy rara, siempre vamos a estar refregándonos en este chiquero que creamos.

miércoles, 4 de enero de 2017

¿Qué salió mal? Un repaso por 12 años de kirchnerismo

Independientemente de los gustos políticos, la intención de este informe es realizar un breve análisis de los motivos por los cuales el modelo propuesto por Nestor Kirchner y Cristina Fernández fracasó a largo plazo. Aclaro esto último porque entiendo que la finalidad buscada a corto plazo tuvo éxito, tal y como lo pensaría John Maynard Keynes, el filosofo económico sobre el que aquéllos basaron su plan.

Para adentrarnos en éste análisis debemos también dejar de lado las cuestiones atinentes a la corrupción, sólo voy a mirar números y a través de ellos tratar de interpretar que se hizo mal, o que faltó hacer, para que luego de 12 años de casi sostenido crecimiento hoy estemos con una crisis económica cercana a la de 2001, y aclaro lo de cercana porque nunca podría ser igual a ella.

Empecemos. Quiero destacar que creo que el modelo aplicado por el kirchnerismo, y cuando hablo de modelo me refiero estrictamente a lo económico, tuvo buenas intenciones y, como destaqué arriba, funcionó a corto plazo. Estábamos en un pozo, no quedan dudas de ello, y Nestor Kirchner logró sacarnos satisfactoriamente. Ahora bien, no puede soslayarse que muchas de las cosas que se hicieron en los años de su gobierno -y en los posteriores- tuvieron repercusiones extremadamente negativas para la economía de hoy, es decir, para el mediano/largo plazo si nos ubicásemos en aquéllos tiempos. Al parecer, y por lo que yo supongo, esa era la idea: agotar todo para lograr gobiernos "exitosos" y "dejarle el muerto" al que siguiera. No se, es meramente una suposición, pero viendo el panorama en retrospectiva me parece bastante verosímil.

Ahora bien, la teoría, que pretendo demostrar mediante esta recopilación de datos, es que nunca tuvieron en cuenta los recursos con los que contaban y que, aún peor, nunca pensaron en lo que podría pasar en el futuro. Veamos.

Un aspecto muy positivo de los 12 años kirchneristas fue el aumento casi exponencial del PBI.

Fuente: Ministerio de Economía

Esto generó un crecimiento de la economía que no debe dejarse de lado, porque es uno de los indicadores más importantes respecto del repunte que tuvo el país luego del 2001. Sin dudas punto a favor para el kirchnerismo.

¿Cómo se llegó a ello? Gran parte tuvo que ver el campo y el contexto internacional en el que se vio inmerso, con un aumento interesante de los precios de las materias primas.

Fuente: Banco Central

Al ser un país eminentemente exportador de materias primas, los aumentos de sus precios internacionales nos favorecieron directamente, y el Estado recaudó más gracias a las retenciones y otros tributos indirectos. Esto está bien, es algo positivo y destacable, pero ahora viene la parte negativa.

Resulta que el modelo económico aplicado se basaba en el aumento del gasto público, en un agrandamiento del Estado para poder alcanzar a los que menos recursos tenían. Nuevamente algo loable, pero aparentemente no se pensó en lo que ese Estado "MEGALÓMANO" podía llegar a causar años más tarde. Y es que, como se verá a continuación, el gasto público se incrementó muy por encima de lo que lo fueron haciendo los recursos con los que iba contando el Estado para hacerle frente.

Fuente: Presupuestos anuales y Oficina Nacional de Presupuesto del MECON. http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/

Aquí se visualizan claramente las diferencias entre los estimados presupuestados y lo que ocurrió realmente con los gastos y los recursos. Los primeros crecieron continuadamente y a un ritmo importante con relación al PBI, los segundos no tanto, inclusive teniendo estancamientos y retracciones.
Este gráfico habla por si sólo, el país en estos últimos 12 años nunca tuvo los recursos necesarios para hacer frente al crecimiento desmedido del gasto. Obviamente, en su transcurso, con los recursos que ya se poseían, el gasto se incrementó notablemente y ello redundó en aspectos positivos para la gente, pero lo que no dijeron -y la gente nunca quiso averiguar- es que ese dinero que salía no ingresaba en la misma cuantía y que, evidentemente, eso generaría un problema a futuro.
La economía de un país no tiene aspectos demasiado distintos a los que podría tener una economía casera o de una empresa. Es sencillo: hay dinero que entra y dinero que sale, y no podes sostenerte mucho tiempo en pie si lo que entra es menos que lo que sale

Así, más allá de que nuestro PBI haya crecido mucho, el porcentaje de gasto con relación al mismo aumentó más que los recursos respecto de él.

Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto del MECON. http://www.mecon.gov.ar/onp/html/ejectexto/


Es alarmante ver como creció el déficit con relación al PBI, porque ello significa que con el paso de los años ibamos gastando cada vez más dinero del que nos entraba. Era imposible no vaticinar el desenlace que nos toca vivir por estos días.

Ese desfase entre gastos y recursos fue afrontado aumentando la masa monetaria, es decir, emitiendo billetes.

Fuente: Banco Central

Pero claro, este crecimiento alocado de la base monetaria iba a generar graves problemas inflacionarios, ya que al emitir billetes sin control bajas el "precio" de los billetes existentes en circulación, o lo que es lo mismo, aumentas el costo de los bienes y servicios que podes adquirir con esos billetes. En definitiva lo que haces es poner un parche a la economía, el que inexorablemente se saldrá en algún momento y hará que todo explote. Bueno, eso pasó.

Encima, esta emisión monetaria sin control y la falta de recursos para hacer frente a los gastos generados provocó que el Estado se viera obligado a usar las reservas del Banco Central, no sólo por una cuestión de necesidad financiera sino porque la misma emisión, al depreciar el valor del peso argentino, genera en la gente el típico miedo de la pérdida de poder adquisitivo, que la mueve a refugiarse en moneda extranjera. Ello "obligó" a nuestro ex ministro de economía a construir un "cepo" cambiario para evitar la salida descontrolada de dólares, que como vemos igual ocurrió en gran medida a partir de 2010.

Fuente: Banco Central

La fuga de divisas por la emisión descontrolada, el miedo a la debacle y a otro corralito financiero, y la falta de recursos hizo que la macroeconomía del Estado colapsara. No había que ser un genio para darse cuenta, saltaba a la vista, pero los que nos gobernaron los últimos 12 años lo ignoraron, o lo omitieron -que sería algo infinitamente peor-. Estas cosas pasan cuando los gobiernos piensan sólo en el corto plazo, en su beneficio y no en el del pueblo realmente.
Ojo, destaqué que se lograron cosas positivas, inclusive cosas que aquí no están puestas en números como la reducción de la deuda externa o la asignación universal por hijo en materia de política social, pero no puedo apreciar un saldo positivo francamente. Se que algunos opinarán que "...aunque sea tuvimos algunos años de prosperidad...", pero esa justificación es la misma que te daban los que se beneficiaron con las políticas económicas descabelladas de la década del 90'. Recuerdo con bastante claridad que muchos estaban contentos con la paridad del peso con el dólar, y creo que casi ninguno se puso a pensar si eso era sostenible o no en el tiempo.

El kirchnerismo tuvo buenas intenciones, al menos en el corto plazo, pero no entendió que un país se gobierna pensando también en el futuro. No podes "quemarte" los recursos para estar bien un par de años sin pensar en lo que vendrá, y aquí viene mi crítica a los que siguen pensando que ese modelo era el correcto: apliquen estos lineamientos a las economías de sus casas, si logran hacer que funcione pasenme la receta así todos nos hacemos ricos.