martes, 31 de octubre de 2017

La ineficiencia económica del actual sistema de salud argentino

El sistema de salud que al día de hoy ofrece nuestro país es ineficiente a nivel económico. Si bien suena frívolo analizar númericamente un sistema que tiene la finalidad de salvar vidas, eso no puede hacernos perder de vista que todas las decisiones de la vida tienen implicancias económicas. Si el sistema de salud fuese eficiente, podrían salvarse aún más vidas, y el Estado evitaría tanto derroche de dinero.

¿Qué significa que sea ineficiente? Sencillamente que se gastan recursos de más, recursos que podrían ser realocados para otros usos.

¿Por qué ocurre esta ineficiencia? Porque el sistema está mal diseñado. Se intentó asegurar un servicio de salud para todos y lo único que se logró es que los que más tienen puedan acceder a mejores condiciones de atención y que los que menos tienen deban "conformarse" con el hospital público. En este punto quiero hacer una salvedad, ya que de ninguna manera pienso que el hospital público no ofrezca un servicio médico de calidad, ya que los profesionales son de primer nivel, pero es insoslayable que los hospitales no tienen los equipamientos tecnológicos y, de cantidad de profesionales y asistentes, que si tienen las clínicas privadas.

Veamos un poco de que se trata. Empecemos por entender como está estructurado el sistema de salud nacional.
A grandes rasgos tenemos dos subsistemas: el público y el privado. El público se supone que es para todos, cualquier ciudadano puede acceder al mismo. El privado está reservado al que pueda pagarlo.
Ahora bien, dentro del subsistema privado, tenemos a las entidades que ofician de "aseguradoras de salud", es decir, a las obras sociales y a las medicinas prepagas. En rigor de verdad ambas son lo mismo, ya que ambas actúan como una compañía de seguros que reciben un pago anticipado del cliente para que luego, en caso de necesitarlo, este último acceda a ciertos servicios. La diferencia sustancial entre unas y otras es que las primeras se financian con dinero proveniente del sistema de seguridad social (derivación de aportes laborales) y las segundas son pagadas integramente por el cliente.

En junio del 2000, mediante el Decreto 446/2000, se desreguló parcialmente el sistema de salud privado. Digo que se desreguló parcialmente porque fue hecho a medias, ya que según dicho decreto las personas pueden optar por la obra social de su gusto -derivando sus aportes laborales- pero siempre que la entidad de la que quiere salir y a la que quiere entrar se encuentren inscriptas en el sistema desregulado. Así, el art. 1 inc. b) del mencionado decreto indica que: "A partir del 1º de enero de 2001, los beneficiarios del Sistema creado por las Leyes Nros. 23.660 y 23.661 podrán ejercer el derecho de opción consagrado en las normas citadas en el Visto, entre las siguientes entidades:...b) Cualquiera de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema de la Ley Nº 23.661 y su modificatoria.".

Como puede verse, la intención del decreto 446/2000 fue interesante, ya que intentó abrir el mercado del servicio de salud privado, dándole la posibilidad a las personas de elegir la entidad aseguradora que mejor servicios prestase. Obviamente, al dejar libre la opción de cambio, las entidades de salud se ven forzadas a competir por los clientes, debiendo hacerlo especialmente con la relación precio / calidad de los servicios. Sin embargo, como señalé, la desregulación fue incompleta, porque permitió que algunas entidades, a su libre arbitrio, se excluyeran del sistema desregulado. Estas entidades, obrando de esta manera, evitan perder afiliados, o mejor dicho, los mantienen cautivos, presos. Es decir, estos afiliados cautivos tienen que conformarse con el servicio que les preste su obra social, sea este bueno o malo.

El sistema así diseñado se queda a mitad de camino, porque si bien su intención fue buena, no termina de generar un verdadero mercado competitivo donde las aseguradoras de salud deban prestar mejores servicios a sus afiliados, ya que les basta con no adherirse al sistema para mantener un ingreso fijo de aportes -el de todos los empleados de la rama de actividad que se vea alcanzada por esa obra social-. Evidentemente las obras sociales que hacen esto son las sindicales y las estatales, ya que no quieren bajo ningún punto de vista perder afiliados, situación que inexorablemente ocurriría si el mercado se abriese dado los pésimos servicios que brindan.

Entonces, el Estado está en deuda con el pueblo en este punto. Desde mi punto de vista ello ocurre en dos aspectos primordiales. Primero, que el servicio público de salud -que debería estar destinado exclusivamente a personas sin recursos- tiene muchas carencias por falta de presupuesto. Y segundo, que las personas que pueden aportar dinero al servicio de salud, lo terminan haciendo a entidades que ofrecen servicios deficientes, ello avalado y protegido por el sistema.
Lo ideal sería que el Estado encarase una reforma en este aspecto, abriendo el abanico de aseguradoras de salud a todos los ciudadanos, generando un mercado que sea lo más competitivo posible, invitando a las entidades a ofrecer mejores servicios y dándole a las personas la posibilidad de elegir aquélla que más la satisfaga en la relación costo / beneficio. Generando un sistema de este tipo, habrán entidades de salud que ofrecerán servicios de menor cuantía a un menor costo, y otras que ofrecerán servicios mejores, y tal vez de lujo, a un costo mayor. Los recursos de las personas irán exclusivamente destinados a la entidad de salud que mejor los utilice, lo que evidentemente redundará en la eficiencia del sistema.
Al mismo tiempo, solucionando estos problemas de alocación de recursos en el subsistema de salud privado, el subsistema público quedará exclusivamente destinado a las personas que realmente no tengan recursos para pagarse un seguro de salud, con lo que reduciéndose la demanda, mejorará la oferta por parte del Estado, el que podrá destinar sus recursos de forma más eficiente mejorando la calidad del servicio.

En conclusión, entiendo que es hora de que el Estado encare una reforma intensa en el sistema de salud, que permita lograr una gestión mucho más eficiente de los recursos destinados al mismo.