El camino argentino a la felicidad

Supongamos que una persona quiere ir del punto A al punto B. Según este singular esquema tendría 2 caminos: ir de A a B directamente o hacerlo pasando por C y por D. Obviamente el camino que conlleva el menor gasto económico es el directo. Bueno, lamentablemente la sociedad argentina -en su mayoría- no elige esto último. ¿Cómo es esto? Paso a explicar.

Este sencillo esquema de puntos y flechas grafica lo que, a mi entender, es la forma de actuar del argentino medio cuando tiene un objetivo delante de sus narices. El punto A es de donde parte la persona, y B es a donde quiere llegar, pero en lugar de transitar ese camino más largo -pero más directo- prefiere tomar "atajos" yendo por C y por D. 

Lo que trato de esquematizar con este diagrama es el respeto o no por las normas y la consciencia de bien común. De esta manera, ir directamente de A a B significaría cumplir las reglas -esperando que al mismo tiempo otros también lo hagan- y por ende lograr el bien común -identificado como todos llegando a B-. Por otro lado, no cumplir con la ley implicaría tratar de llegar a B individualmente, transitando antes por C y por D -con el riesgo de que si algo no sale bien terminemos en E o F que significaría el fracaso-.

C y D representan puntos egoístas, donde el ser humano transita sólo y -si es necesario- pisandole la cabeza a cualquiera que se le interponga. Que quede claro: no desconozco la naturaleza salvaje del ser humano y la competencia constante en la que se involucra, pero el tránsito de C y D yo lo relaciono con la anomia, con el rompimiento de las normas socialmente establecidas.

La elección del tránsito con paradas intermedias rompe el vínculo social y atenta absolutamente contra el bien común. Supongamos que una sociedad se compone de 10 personas, y que para alcanzar el bien común que se han propuesto 8 deben al menos ir de A a B directamente. Basta con que 3 personas opten por "aislarse" y andar solas para que las 7 restantes se perjudiquen. Bueno, exactamente así opera el argentino promedio, pensando que actuando por su cuenta logrará el mejor rédito.

En alguna otra oportunidad expliqué que el ser humano es racional y un maximizador de utilidades por excelencia, por lo tanto uno podría pensar que es lógica y hasta económica la actitud de buscar constantemente el beneficio personal. Sin embargo, este planteo es incorrecto si logramos entender que vivimos en una sociedad y que, por lo tanto, toda acción que desarrollemos tendrá alguna consecuencia en alguien más. Así, supongamos que una persona egoísta, en su intento de llegar a B, avanza hacía C. Al moverse en este sentido, en lugar de jugar en conjunto intentando alcanzar B junto con el resto de la sociedad, promueve resultados negativos para terceros, estos se verán perjudicados y no lograrán llegar a B. El actor individual posiblemente llegue a C, pero para seguir avanzando necesitará seguir moviéndose solo, y nadie le asegura que llegue a D, puede terminar en E, o inclusive luego de llegar a D terminar en F y nunca alcanzar B -todo dependerá de si "triunfa" o no contra sus "rivales"-. Si esto ocurriese, la acción de una sola persona habrá hecho que varios no lleguen a B -incluida ella misma- por no tomar el camino grupal, por no buscar el bien común de toda la sociedad. Como se ve, dicha acción es absolutamente anti económica porque genera un gran desperdicio de recursos -los de la persona que se desvió del camino y los de todos aquéllos que no llegaron a B por la actitud de aquélla-.

El corolario de este breve análisis es que es necesario tener presente siempre que cuando nos movemos -tomamos decisiones- estamos afectando la vida de alguien -a veces positiva y otras veces negativamente-. Desde ya que en ciertas ocasiones nuestras acciones tendrán efectos negativos en algún punto para alguien y eso es inevitable (como por ejemplo cuando rendimos un examen para entrar en algún puesto de trabajo y por "culpa" de nuestro triunfo alguien es derrotado), pero la clave es tratar de evitar aquéllas que si pueden serlo. Me refiero específicamente a seguir las normas. 

Cuando una persona viola una regla social, genera repercusiones negativas de escalas casi imposibles de mensurar. No somos conscientes del daño que hacemos a la sociedad cuando quebramos la ley, no sólo por el efecto inmediato que ello puede tener (por ejemplo un accidente de tránsito) sino también por los efectos mediatos, es decir, aquéllos diferidos en el tiempo. Cuando las normas son violadas sistemáticamente se genera una costumbre contra legem -costumbre contra legal- que termina derogando tácitamente a las mismas. Es decir, la sociedad empieza a creer que esa norma no existe más y que es "normal" actuar en contra de sus disposiciones. Esto es terrible porque es el fin del pacto social que hacemos al entrar en la vida en sociedad, y transforma a esta última en una mera conglomeración de personas que intentan, cada una por su cuenta, sacar el máximo rédito de cada acción que desarrollan. No es casual que los países culturalmente más desarrollados tengan mejores tasas de equidad social y económica y que los que tenemos amplios problemas actitudinales y de comprensión normativa no logremos nunca salir adelante.

¿Capitalismo o comunismo?...La fortuna

El título que elegí para este artículo puede llamar la atención y parecer intrincado y sin sentido, pero no, al finalizar su lectura lo entenderán, siempre y cuando tengan interés en definitivamente saber que sistema económico es mejor: ¿el capitalismo o el comunismo? ¿Adam Smith o Karl Marx? ¿USA o URSS? ¿Trump o Putín? (?)....me fui por las ramas.

La discusión entre ambas teorías económicas es harta arcaica. Por años el mundo planteó la grieta entre ellas y la gente debió tomar posición entre una u otra, a veces por convicción y otras tantas por miedo a las represalias.

El mundo del siglo 21 se plantea como uno donde el comunismo prácticamente ha dejado de existir. Sin embargo, paradójicamente, se registran varios casos de resurgimientos del Estado de Bienestar, que si bien lejos está de ser una forma de comunismo, tiene matices que podrían asimilarse a una economía centralmente planificada. Podemos mencionar varios casos de populismos en América Latina (Venezuela con el binomio Chávez-Maduro, Brasil con Lula-Dilma, Argentina con el matrimonio Kirchner, Uruguay con Pepe Mujica, etc), gobiernos socialistas en países del norte de Europa y Francia, y hasta el propio Donald Trump adoptando políticas proteccionistas que son más propias de un Estado cerrado de bienestar que de una economía ultra capitalista y globalizada. Por lo tanto, si bien parece etérea, la discusión recobra una cierta vigencia.

Ahora bien, ¿podemos afirmar certeramente que un sistema sea mejor que el otro?. No se, lo que si podemos asegurar es que ninguno de ellos es perfecto, ni está cerca de serlo, pero vamos por partes.

Lo primero que el lector debe asumir, por más dolor que genere, es que los recursos económicos son limitados. He tenido varias discusiones con distintas personas por este tema y francamente considero bastante absurdo negarlo. El planeta no genera recursos suficientes para mantener a toda su población, así de sencillo. Entonces, el problema que encara cualquier sistema económico no es sólo el de producir sino el de redistribuir recursos, y la cuestión es cuál es la mejor manera de hacerlo.

Por un lado, el capitalismo ofrece libertad de mercado y la actuación de la "mano invisible" de Adam Smith, David Ricardo y muchos otros libertarios del siglo 19. Supone que el mercado regulará la generación y distribución de recursos de manera eficiente.

Por el otro, el comunismo entiende que esa "mano invisible" no existe y que es el Estado el que debe intervenir para determinar que recursos utilizar, para que, cómo y a quién asignarlos. En definitiva en el comunismo es el Estado quien dispone que producir, cómo y a quién entregar los productos.

Introducidos los postulados de ambos esquemas, lo segundo que tenemos que tener presente es que el ser humano es un ser racional y, especialmente, un maximizador natural de utilidades, por lo que siempre tomará sus decisiones buscando optimizar sus beneficios. Tal vez puede sonar frívolo, pero es una realidad que el Hombre siempre intentará, de forma voluntaria o involuntaria, ganar más en todas las situaciones donde le toque intervenir. Cuándo uso el verbo "ganar" no quiero limitarlo solamente a lo "material", al "dinero", sino a cualquier cosa que le genere satisfacción a esa persona, inclusive una cuestión sentimental. Aquí subyace lo tercero que debe tener en cuenta el lector: el ser humano es naturalmente "egoísta" porque siempre tenderá a tomar decisiones que maximicen sus utilidades.

En este punto debo hacer una salvedad: el egoísmo al que me refiero no actúa como un opuesto de solidario. Es decir, una persona puede ser económicamente "egoísta" y aún así ser solidaria con el prójimo y hacer beneficencia en ciertas situaciones (ya sea con dinero, otros bienes materiales u ofreciendo ayuda a modo de servicios). Esto es así porque el egoísmo económico que deriva de la afirmación de que el hombre es un ser racional y maximizador de utilidades funciona en otro plano, mucho más inconsciente que consciente, y desde ya no tiene una connotación negativa, es algo que "es", sencillamente.

Entonces, ya sabiendo que le ser humano es racional, maximizador de utilidades y egoísta por naturaleza resta considerar su actuación en ambos sistemas económicos puestos bajo la lupa. Fácilmente nos daremos cuenta de que uno u otro fallarán indefectiblemente.

Por un lado, pensemos al Hombre en el capitalismo, donde la libertad de mercado le permite hacer negocios "sin restricciones". Evidentemente este sistema es el que mejor permite el desarrollo de aquéllas características que mencionamos repetidamente en el artículo, con lo cual al final del camino el más fuerte, o el dotado de mejores condiciones, será el que acumule mayores y mejores recursos. Es más, ni siquiera será necesario ser más fuerte o más inteligente para "triunfar", bastará con tener más suerte que los otros. Es insoslayable que la fortuna juega un papel fundamental en la vida, sin ir más lejos si pensamos que es sumamente determinante el lugar y tiempo donde una persona nace para su devenir.

Por el otro, si vemos las cosas desde el comunismo, el Hombre participará como un elemento más de un todo que es el Estado. El rol que tenga el ser humano en dicho esquema vendrá determinado, una vez más, por la fortuna que tenga de pertenecer o no a la clase dirigente o acomodada de la sociedad. Es decir, el sistema en si no ofrece mejores condiciones que el capitalismo porque los recursos que reparte el Estado son, como ya dijimos, limitados, por lo tanto ellos de forma alguna alcanzarán para que todos los ciudadanos vivan dignamente. Los postulados comunistas proponen la eliminación de las clases sociales repartiendo los recursos de forma equitativa, pero ello no asegura que todas las personas puedan vivir bien, de hecho es todo lo contrario, como los recursos son escasos la gente en los países que adoptaron sistemas de planificación centralizada ha tenido que vivir en estados de pobreza y desabastecimiento. Claro que no es así para todos, ya que nuevamente tendrán una mejor vida los que hayan tenido la suerte de nacer en el seno de familias acomodadas en el poder.

Es decir, el corolario que puede extraerse de estas líneas es que ningún sistema económico genera condiciones de vida perfectas ni está cerca de hacerlo. Ambos dejan a personas desamparadas y en ambos hay grupos de personas beneficiadas por el simple hecho de "pertenecer". No es uno u otro sistema, es simplemente la fortuna la que determina si una persona vivirá bien o mal, si tendrá recursos o carecerá de ellos. Ninguno de los sistemas aseguran nada, lo único seguro es que son imperfectos. Si se quiere ponderar algo de uno de ellos podríamos decir que tal vez el capitalismo es, al menos, más honesto, porque reconoce las diferencias estructurales y crea un campo de batalla donde las personas luchan por los recursos. El comunismo es una mentira absoluta, una utopía tan irrealizable, y pido perdón por la burda redundancia, que ni siquiera debiera considerarselo como un sistema económico posible.

Los sistemas intermedios, aquéllos que proponen un capitalismo atenuado por la participación del Estado en ciertos aspectos de la economía, tienen buenas intenciones, porque continúan con el sinceramiento capitalista de "el más fuerte gana" pero aportan dosis de asistencialismo a esos que menos fortuna han tenido. Sin embargo, una vez más vemos a estos sistemas fallar cuando pensamos que la administración de ese asistencialismo depende de personas que son naturalmente racionales y maximizadoras de sus propias utilidades.

En definitiva, los sistemas económicos son altamente imperfectos, bregar por uno o por otro se transforma meramente en una cuestión de fe. No existe fundamento técnico para sostenerlos.

Antes de finalizar, quisiera desentrañar la duda que podría surgir en la cabeza de varios lectores: si los sistemas económicos son imperfectos, ¿por qué hay países donde las cosas "funcionan"?. Los países donde la gran parte de la población vive en condiciones dignas, donde la clase media es hiper mayoritaria, son países que tienen algunas o varias de las siguientes características:

• Chicos en extensión territorial y por ende fáciles de administrar
• Con una población reducida y altamente calificada
• Antiguos y que han pasado por varias "tragedias" que llevaron a su población a evolucionar y adquirir un sentido de grupo, arraigando así el concepto de bien común.
• Extremadamente ricos, con recursos naturales y financieros lo suficientemente cuantiosos como para administrar inclusive en condiciones difíciles.

Lamentablemente la definición no es lineal, aún contando con alguna de estas características un país no será automáticamente desarrollado, pero tendrá al menos las condiciones básicas para en algún momento lograrlo, sin dudas.

Delincuencia, pobreza y economía

La delincuencia, como cualquier otra circunstancia que uno afronta en la vida, tiene enteramente ribetes económicos. La decisión de cometer un acto ilícito o no hacerlo es puramente económica, por más que cueste así pensarlo. Les voy a explicar porque.

Delinquir implica, obviamente, costos y beneficios. Los beneficios son evidentes: obtener dinero (siempre que asociemos la acción de delinquir con robar, hurtar o cualquier otro delito que atente contra la propiedad como también podría ser una estafa). ¿Y los costos? Bueno, el costo esencial de cometer un delito es la sanción posible establecida en la ley (prisión, multa, etc).

Lo interesante de este planteo es que el costo de delinquir podría ser fácilmente desglosado en tres componentes, los que podríamos titular: propensión a la captura (C), monto de la pena (P) y costos de ejecución (E). Expliquemos cada uno para poder entenderlos.

Propensión a la captura se referiría a la posibilidad de ser atrapado por las autoridades luego de haberse cometido el ilícito. Monto de la pena es ni más ni menos que la cantidad de años que el delincuente debería pasar en prisión o la cuantía de la multa que debiera pagar en caso de que la sanción fuese de este tipo. Finalmente, los costos de ejecución son sencillamente aquéllos en los cuales el actor debe incurrir para lograr su cometido -ej: compra de herramientas para forzar una puerta-, sumando además los costos de no realizar con dichos recursos actividades alternativas (COSTO DE OPORTUNIDAD)

De esta forma, fácilmente podemos crear una fórmula donde el costo total (CT) sea la resultante de multiplicar sus componentes.

C x P x E = CT

Lo que esta simple ecuación nos demuestra es que el aumento de cualquiera de los componentes recién descritos eleva proporcionalmente el costo total de cometer un delito. Entonces, para el delincuente valdrá la pena cometer el delito si el costo total (CT) es menor a los beneficios que calcula obtener (B).

CT < B

La conclusión a la que nos hace arribar este sencillo planteo es que para una persona será provechoso delinquir si gana más de lo que pierde, por lo cual el Estado tiene la posibilidad de manipular esas componentes -C, P, y en menor medida E- para lograr un aumento de CT que incentive negativamente a aquélla a cometer el acto ilícito (CT > =B).

¿Cómo se lograría esto? Bueno, por ejemplo un aumento en la cantidad de personal policial patrullando automáticamente subiría los porcentajes de captura de criminales, elevando C. O un aumento de las penas previstas en las normas subiría evidentemente P. Cómo indiqué, más difícil es la manipulación de E porque tendría que ver con costos de insumos y servicios que no sólo son utilizados con fines delictivos.

Hasta acá es todo bastante claro. Ahora bien, ¿cómo vinculamos esto con la pobreza? La respuesta también surge clara: por los incentivos. Acá entra en juego un término clave en economía, como es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que uno pierde al utilizar los recursos en determinada actividad y no hacerlo en otra. Por ejemplo, si yo voy al kiosko y compro un alfajor con $10 estoy perdiendo la posibilidad de con esos mismos $10 hipotéticamente comprar una medialuna en una panadería. En el ejemplo el costo de oportunidad es la medialuna, por lo que se interpreta que para mi tiene mayor valor de uso el alfajor que aquélla.

Habiendo sido introducido este concepto, volvamos al problema de la pobreza. Una persona con pocos recursos económicos tendrá costos de oportunidad muy bajos. Un hecho ilícito le generará muchos más beneficios que cualquier otra actividad que desarrolle, por lo tanto siempre tendrá un incentivo mucho mayor a cometerlo que una persona que vastos recursos económicos. Para esta última, el costo de oportunidad de delinquir es altísimo, porque sus recursos rendirán mejor en actividades alternativas y así maximizará sus utilidades.

En definitiva, una persona de clase baja tiene mayores incentivos a delinquir que una de clase alta, esto siempre y cuando el CT sea el mismo para ambas personas. Hago la aclaración porque en muchos países -especialmente corruptos y desiguales-, personas de clase baja tienen una propensión a ser capturadas delinquiendo mucho más alta que aquéllas de clase elevada, con lo que el CT evidentemente no será el mismo para ellas. Sin embargo, a pesar de ello, dado que dicha propensión sigue siendo exageradamente baja, CT < B, y por ende el incentivo a delinquir permanece intacto.
Asimismo, y como ya se indicó arriba, el costo de oportunidad de una persona de clase pudiente es tan alto que no le conviene cometer un delito: sus recursos generarán más ganancias en actividades lícitas. Podría decirse, para simplificar, que una persona "rica" tiene mucho más que perder que una "pobre".

Se ve a todas luces que la pobreza genera incentivos para cometer delitos, los que podrían ser alterados por el Estado para que ello no ocurriera. Obviamente que también deberían ser adoptadas medidas para evitar que esas personas se encuentren en situación de pobreza, o mejor aún, evaluar si es menos costoso tratar al delito ex post o ex ante, es decir, si el Estado gasta más recursos bajando los niveles de pobreza -y reduciendo por lógica los niveles de delincuencia- (estrategia ex ante) o lo hace penando a los delincuentes a través del sistema judicial y carcelario (estrategia ex post). Me arriesgo a opinar que las estrategias de prevención de delitos son mucho más baratas que las de penalización del mismo, y que Estados en vías de desarrollo simplemente utilizan la pobreza y la delincuencia para fines espurios.

La ineficiencia económica del actual sistema de salud argentino

El sistema de salud que al día de hoy ofrece nuestro país es ineficiente a nivel económico. Si bien suena frívolo analizar númericamente un sistema que tiene la finalidad de salvar vidas, eso no puede hacernos perder de vista que todas las decisiones de la vida tienen implicancias económicas. Si el sistema de salud fuese eficiente, podrían salvarse aún más vidas, y el Estado evitaría tanto derroche de dinero.

¿Qué significa que sea ineficiente? Sencillamente que se gastan recursos de más, recursos que podrían ser realocados para otros usos.

¿Por qué ocurre esta ineficiencia? Porque el sistema está mal diseñado. Se intentó asegurar un servicio de salud para todos y lo único que se logró es que los que más tienen puedan acceder a mejores condiciones de atención y que los que menos tienen deban "conformarse" con el hospital público. En este punto quiero hacer una salvedad, ya que de ninguna manera pienso que el hospital público no ofrezca un servicio médico de calidad, ya que los profesionales son de primer nivel, pero es insoslayable que los hospitales no tienen los equipamientos tecnológicos y, de cantidad de profesionales y asistentes, que si tienen las clínicas privadas.

Veamos un poco de que se trata. Empecemos por entender como está estructurado el sistema de salud nacional.

A grandes rasgos tenemos dos subsistemas: el público y el privado. El público se supone que es para todos, cualquier ciudadano puede acceder al mismo. El privado está reservado al que pueda pagarlo.

Ahora bien, dentro del subsistema privado, tenemos a las entidades que ofician de "aseguradoras de salud", es decir, a las obras sociales y a las medicinas prepagas. En rigor de verdad ambas son lo mismo, ya que ambas actúan como una compañía de seguros que reciben un pago anticipado del cliente para que luego, en caso de necesitarlo, este último acceda a ciertos servicios. La diferencia sustancial entre unas y otras es que las primeras se financian con dinero proveniente del sistema de seguridad social (derivación de aportes laborales) y las segundas son pagadas integramente por el cliente.

En junio del 2000, mediante el Decreto 446/2000, se desreguló parcialmente el sistema de salud privado. Digo que se desreguló parcialmente porque fue hecho a medias, ya que según dicho decreto las personas pueden optar por la obra social de su gusto -derivando sus aportes laborales- pero siempre que la entidad de la que quiere salir y a la que quiere entrar se encuentren inscriptas en el sistema desregulado. Así, el art. 1 inc. b) del mencionado decreto indica que: "A partir del 1º de enero de 2001, los beneficiarios del Sistema creado por las Leyes Nros. 23.660 y 23.661 podrán ejercer el derecho de opción consagrado en las normas citadas en el Visto, entre las siguientes entidades:...b) Cualquiera de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema de la Ley Nº 23.661 y su modificatoria.".

Como puede verse, la intención del decreto 446/2000 fue interesante, ya que intentó abrir el mercado del servicio de salud privado, dándole la posibilidad a las personas de elegir la entidad aseguradora que mejor servicios prestase. Obviamente, al dejar libre la opción de cambio, las entidades de salud se ven forzadas a competir por los clientes, debiendo hacerlo especialmente con la relación precio / calidad de los servicios. Sin embargo, como señalé, la desregulación fue incompleta, porque permitió que algunas entidades, a su libre arbitrio, se excluyeran del sistema desregulado. Estas entidades, obrando de esta manera, evitan perder afiliados, o mejor dicho, los mantienen cautivos, presos. Es decir, estos afiliados cautivos tienen que conformarse con el servicio que les preste su obra social, sea este bueno o malo.

El sistema así diseñado se queda a mitad de camino, porque si bien su intención fue buena, no termina de generar un verdadero mercado competitivo donde las aseguradoras de salud deban prestar mejores servicios a sus afiliados, ya que les basta con no adherirse al sistema para mantener un ingreso fijo de aportes -el de todos los empleados de la rama de actividad que se vea alcanzada por esa obra social-. Evidentemente las obras sociales que hacen esto son las sindicales y las estatales, ya que no quieren bajo ningún punto de vista perder afiliados, situación que inexorablemente ocurriría si el mercado se abriese dado los pésimos servicios que brindan.

Entonces, el Estado está en deuda con el pueblo en este punto. Desde mi punto de vista ello ocurre en dos aspectos primordiales. Primero, que el servicio público de salud -que debería estar destinado exclusivamente a personas sin recursos- tiene muchas carencias por falta de presupuesto. Y segundo, que las personas que pueden aportar dinero al servicio de salud, lo terminan haciendo a entidades que ofrecen servicios deficientes, ello avalado y protegido por el sistema.

Lo ideal sería que el Estado encarase una reforma en este aspecto, abriendo el abanico de aseguradoras de salud a todos los ciudadanos, generando un mercado que sea lo más competitivo posible, invitando a las entidades a ofrecer mejores servicios y dándole a las personas la posibilidad de elegir aquélla que más la satisfaga en la relación costo / beneficio. Generando un sistema de este tipo, habrán entidades de salud que ofrecerán servicios de menor cuantía a un menor costo, y otras que ofrecerán servicios mejores, y tal vez de lujo, a un costo mayor. Los recursos de las personas irán exclusivamente destinados a la entidad de salud que mejor los utilice, lo que evidentemente redundará en la eficiencia del sistema.

Al mismo tiempo, solucionando estos problemas de alocación de recursos en el subsistema de salud privado, el subsistema público quedará exclusivamente destinado a las personas que realmente no tengan recursos para pagarse un seguro de salud, con lo que reduciéndose la demanda, mejorará la oferta por parte del Estado, el que podrá destinar sus recursos de forma más eficiente mejorando la calidad del servicio.

En conclusión, entiendo que es hora de que el Estado encare una reforma intensa en el sistema de salud, que permita lograr una gestión mucho más eficiente de los recursos destinados al mismo.

Desmitificando: "Si hay menores no podes desalojar un inmueble usurpado"

Quién no ha escuchado la frase del título alguna vez en su vida, ¿no? Vaya a saber porque motivo la creencia popular es que si un inmueble es usurpado, basta con que metan a menores dentro del mismo para que la justicia no pueda hacer nada. ¿Esto verdaderamente es así?

Empecemos diciendo que en los casos de usurpación de viviendas, generalmente desocupadas, existe un grave problema ya que colisionan varios derechos. Por un lado tenemos el lógico derecho del propietario a que se le respete la propiedad privada (consagrado en el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional), y por el otro el derecho a una vivienda digna (art. 14 bis CN) y, si hay menores de por medio, el interés superior del niño (previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por ley 23.849, y que cuenta con jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 CN).

De esta forma, como se ve, la cuestión es complicada porque se encuentran en pugna varios derechos relevantes contrapuestos. Cuando esto ocurre, la justicia es la que debe expedirse respecto de que derecho debe prevalecer. Bueno bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha hecho el 01/08/2013 en el fallo conocido como "Escobar"[1].

Antes de adentrarnos en la solución del caso, detallemos los hechos, los que son replicables en innumerables situaciones que se dan día a día en nuestra ciudad.

Una persona, copropietaria de un inmueble, formula denuncia policial respecto de su usurpación por varias familias. Justificó su carácter de copropietaria, y por ende su derecho sobre el inmueble, mientras que los ocupantes intentaron fundar la ocupación en contratos de alquiler falsos.
Ahora bien, en virtud de lo ocurrido, y resumiendo un poco los sucesos, un juez ordenó la restitución provisoria del inmueble (medida prevista en el art. 335 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) a su legítimo titular -la denunciante-. Es menester explicar que dicha medida es, como tal, una medida cautelar, es decir, es adoptada en el transcurso del proceso para asegurar un derecho que se encuentra en peligro, por lo que nada tiene que ver con el fondo del caso -que en definitiva sería juzgar si las personas que ocuparon el inmueble lo estaban usurpando o no-. De esta forma, se puede restituir el inmueble a su legítimo propietario y luego, al dictarse sentencia, pueden ser absueltos los presuntos usurpadores. Con esto quiero explicar que no es necesario que un "usurpador" sea condenado para que un inmueble sea devuelto a su propietario. Imaginemos lo tedioso que sería tener que esperar todo el proceso para que un propietario pueda recuperar el inmueble que le pertenece.

Continuando con el fallo citado, y en orden a la medida cautelar de restitución provisoria dictada previamente, la Corte termina diciendo que "Teniendo en cuenta que si existiera alguna afectación al derecho a la vivienda de los niños, ésta sería anterior al desalojo que se pretende resistir y no consecuencia de él, y de acuerdo a lo establecido en el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, con relación al nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de aquél, corresponde disponer que los jueces de la causa iniciada por el delito de usurpación pongan en conocimiento de las autoridades competentes la situación de las niñas/os y/o adolescentes que pudieran verse afectados en autos, a los fines del pertinente resguardo de sus derechos de rango constitucional."

Entonces, lo que el máximo tribunal federal quiso dejar en claro son dos cosas. Primero que el derecho a la vivienda, ya sea de los niños como de los mayores que hubieren ocupado el inmueble, se vio vulnerado con anterioridad a dicha ocupación, por lo cual el desalojo no es el que provocaría esa vulneración. Y segundo, que es el Estado el que debe velar por la protección de ese derecho, no un particular. En efecto, para refrendar esto último, la Corte explicó que "...los niños no podrían repeler la acción de desalojo alegando la titularidad de un derecho a la vivienda adecuada, pues eso sería, por así decir, colocar en cabeza del propietario individual la obligación de satisfacer ese derecho a costa del suyo propio.".

En definitiva, la Corte fija el criterio de que el derecho a la vivienda no puede ser resguardado a costa de afectar el derecho a la propiedad privada, principalmente porque aquel no se ha visto vulnerado por este último, sino que tiene su génesis con anterioridad. Es por este motivo que pone en cabeza del Estado la responsabilidad de velar por el primero.

Como puede verse, queda bastante claro que el mito popular de que "Si hay menores no podes desalojar un inmueble usurpado" es erróneo. La Corte refrenda la protección de la propiedad privada y no hay razón para no hacerlo. Como opinión personal me gustaría agregar que estoy de acuerdo con la solución a la que arriban los magistrados, ello porque entiendo que no puede cargar una persona -titular de un derecho de propiedad- con una responsabilidad que no le atañe. Si bien es duro enfrentar ambos derechos, especialmente porque lastima mucho ver a personas en situación de calle, ello no puede llevarnos a violar otros derechos. El Estado es el responsable de velar por las personas que no pueden satisfacer su derecho a una vivienda digna, el cual como dijimos tiene raigambre constitucional, y por lo tanto es el que tiene que arbitrar los mecanismos para hacerlo respetar. A veces es difícil conjurar para que deben ser utilizados los impuestos y recursos estatales, pero no puedo encontrar fin más necesario que ese. Debería ser un objetivo primordial y esencial del Estado asegurar que ningún habitante duerma en la calle, principalmente porque una persona que vive en esas condiciones se encuentra absolutamente al margen de la sociedad, siendo incapaz de reinsertarse. Hay que tener presente que una persona que no tiene un techo no sólo sufre por dicha circunstancia sino porque se encuentra prácticamente imposibilitada de generar su propio sustento, estando por lo tanto en un círculo vicioso. Es el Estado quien debe romper ese círculo para que toda persona en dicha situación pueda ser parte útil de la sociedad y llevar una vida digna.

[1] CSJN, "Escobar, Silvina y otros s/infr. art. 181, inc. 1° CP", 01/08/2013.